El Gobierno de Cataluña pretende que los ayuntamientos controlen no sólo la ubicación de los templos sino también su actividad religiosa.
Si el texto actual resulta finalmente aprobado, estará prohibido celebrar Misa y reunirse para rezar el rosario o comentar el Evangelio en Cataluña sin una licencia municipal. El 29 de noviembre de 2007 fue presentado el proyecto de ley sobre los centros de culto o de reunión con fines religiosos, un documento actualmente en trámite parlamentario que establece la obligatoriedad de contar con la “licencia de actividad religiosa”, nuevo filtro administrativo que vigilará la apertura de cualquier centro de culto en la región. De este modo se supedita a la autoridad de los ayuntamientos catalanes la voluntad de los fieles de practicar su religión en un determinado lugar.
La susodicha licencia de actividad religiosa establece además el criterio de “proporcionalidad con la población del término municipal”, es decir, un volumen determinado de representatividad demográfica que deberán cumplir los nuevos centros de culto. A los ya existentes, a excepción de los incluidos en un inventario de bienes culturales, se les dará un plazo para solicitarla. En cuanto la ley se publique en el Boletín de la Generalidad, decenas de iglesias podrán ser cerradas porque el conducto de ventilación no esté homologado, por ejemplo.
Los biempensantes opinan que la ley viene a poner coto a la proliferación incontrolada de mezquitas garaje. Este fue en efecto el pretexto esgrimido por Carod-Rovira durante su ponencia del anteproyecto de ley; sin embargo, una encuesta de 2007 encargada por el propio Gobierno central a Metroscopia revela que sólo un 28% de los musulmanes dice haber encontrado rechazo en la sociedad española a la práctica de su fe. Y por otro lado, aunque el tripartito justifica la opción del procedimiento urbanístico por la multiplicación e insalubridad de las mezquitas garaje —improvisados oratorios musulmanes en locales con aforos desbordados—, serán modestas parroquias de barrio las que lo sufran mayoritariamente, puesto que son muchas más.
Por eso, otros muchos creen que se trata de una muestra más del creciente intervencionismo que viene caracterizando la gestión del Tripartito. Para Juan José Guardia, abogado urbanista y autor de una tesis en curso sobre urbanismo y libertad religiosa en la Universidad de Navarra, no existe precedente de esta ley en la democracia, ni en la legislación estatal ni en la autonómica. “Sólo he podido encontrar algo análogo en la época de Franco para las denominadas confesiones minoritarias, que debían pedir autorización al Ministerio de Justicia, y antes de 1967 al gobernador civil”. A juicio de Guardia, “el Tripartito da muestras de una voracidad intervencionista desmesurada.
La ley es innecesaria. Los ayuntamientos deberían decidir caso a caso”.
La pregunta es: ¿por qué multiplicar la burocracia para resolver un problema que no existe? La Generalidad alega motivos de “salubridad pública” y la responsabilidad de asegurar las medidas de seguridad y evitar molestias a los vecinos. Algunos pensarán que bien podría haber aplicado esos criterios en el Carmelo, y no en las iglesias.
Las claves de una ley abusiva
-La ley exige para hacer una iglesia los mismos requisitos que para hacer una discoteca. Desde el número de baños hasta el nivel de decibelios.
-Contradice a la Constitución al pretender regular el hecho religioso por ley ordinaria y no por ley orgánica (aprobada en el Parlamento del Estado) como cualquier derecho fundamental.
-Las licencias de actividad religiosa podrán ser concedidas, denegadas o retiradas al libre arbitrio de cada alcalde.
-Aunque el proyecto suaviza el texto del anteproyecto, aún faltan por conocerse las exigencias prácticas que fijará el reglamento.
-El suelo público reservado a uso religioso se subastará al mejor postor: los católicos tendrán problemas frente a los petrodólares del islam.
Una ley con el sello de Carod-Rovira
El polémico documento proviene de la Dirección de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña, que en última instancia depende de la Vicepresidencia de Josep Lluís Carod-Rovira, nada sospechoso de favoritismo con la Iglesia. El pasado cinco de febrero se aceptaron a trámite las enmiendas a la totalidad.
El Tripartito quiere pasar el rodillo del laicismo
Los grupos de la oposición —PP, CiU y Ciudadanos— critican la ley de centros de culto por entender que es contraria a la libertad de culto de los catalanes. Cuenta también con la oposición de la jerarquía eclesiástica, encabezada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistach, y de plataformas cívicas como HazteOir o ForumLibertas.
La portavoz del PP en el Parlamento catalán, Carina Mejías, detalla a LA GACETA algunos aspectos especialmente escandalosos. Así, la ley determina que el suelo público reservado a fines de culto se adquiera por subasta al mejor postor, con lo que los modestos recursos de los fieles católicos que quieren abrir una parroquia en su barrio no podrán competir con la financiación saudí de los musulmanes.
Pero además, muchas de las parroquias de barrio ya existentes no podrán cumplir con los requisitos exigidos en el nuevo reglamento y tendrán que cerrar. Sólo en el Arzobispado de Barcelona hay censadas 219 parroquias. “Todo indica —afirma resignada Mejías— que esta ley tan profundamente tendenciosa se aprobará antes del verano con lo principal del articulado intacto gracias al apoyo mayoritario de los tres partidos que dirigen el Gobierno. Habrá oposición al principio, pero el Tripartito acabará aplicándola solapadamente y poco a poco”.
